Ecologistas en Acción (EA) de Ciudad Real ha exigido el cierre del aeropuerto de Ciudad Real, su expropiación y su reconversión para equipamientos públicos.
En un comunicado remitido a Efe, EA considera que el "espectáculo" que están dando los promotores y la Junta de Comunidades es "lamentable", ante un aeropuerto que es "inviable" y no responde a necesidades reales, si no "a un capricho de políticos y empresarios locales, completamente ajeno a las necesidades de Ciudad Real".
Para Ecologistas en Acción Ciudad Real la única solución posible a estas alturas es el cierre del aeropuerto y su reconversión para equipamientos públicos.
Por ello, consideran que la terminal y otros edificios anexos constituyen un espacio excelente para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ciudad Real, al tiempo que consideran que la pista de aterrizaje de 4,5 kilómetros debería reconvertirse para su uso en el centro de estudios del asfalto que se quiere realizar en Valdepeñas.
Los ecologistas afirman que el futuro de la aviación comercial es incierto, con cierres de compañías y aeropuertos y que las previsiones en los próximos años, incluso, pueden agravarse ante la escasez de petróleo y sus derivados, lo que hace de la aviación uno de los sistemas de transporte más insostenibles.
Además, aseguran que la situación de crisis global que vive el capitalismo hoy en día acrecienta aún más las dudas sobre la necesidad de esta infraestructura, al tiempo que recuerdan que el aeropuerto fue uno de los principales responsables de la intervención por parte del Banco de España de Caja de Castilla-La Mancha (CCM).
Ecologistas en Acción Ciudad Real hacen responsable al presidente José María Barrera, al ex presidente José Bono y al europarlamentario Miguel Angel Martínez del "despilfarro" que ha supuesto la inversión del aeropuerto y piden a la justicia que investiguen sus responsabilidades.
Los ecologistas han recordado, igualmente, que la infraestructura sufrió tres declaraciones de impacto ambiental, lo que demuestra que el Ejecutivo nacional y la Unión Europea no querían este aeropuerto y solo las presiones políticas de los dirigentes regionales "obligaron a autorizar la construcción del aeropuerto".
Los ecologistas recuerdan que no se han vuelto a reunir ni la comisión de seguimiento ambiental ni el observatorio de la biodiversidad y que se han incumplido todas las medidas compensatorias a las que obligaba la tercera declaración de impacto ambiental.
Por ello, entre las exigencias para dar el aval, al que se oponen frontalmente, la Junta debería exigir el cumplimiento de los compromisos a los que obliga la tercera declaración de impacto ambiental.
En este sentido, recuerdan que entre estas obligaciones se encuentra la ejecución de un programa agroambiental y un programa de desarrollo rural, la aplicación del plan de gestión de la ZEPA, la vigilancia de la contaminación atmosférica y de las aguas subterráneas o el aislamiento acústico de las viviendas de Villar del Pozo y Ballesteros de Calatrava.
Fuente: Invertia.
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