Quién puso más...

Los políticos regionales, que siempre habían estado de acuerdo en este asunto, se echan en cara quien puso más para que el aeropuerto de Ciudad Real saliera adelante. La falta de información contrastada que ha caracterizado el desarrollo de este proyecto justifica la publicación de nuestra opinión sobre lo sucedido y cómo se reparte la irresponsabilidad de su puesta en marcha.

El aeropuerto nació en la Cámara de Comercio de Ciudad Real y recibió el apoyo inicial del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, regidos entonces por el PP. De hecho, Cámara y Diputación constituyeron una sociedad para desarrollarlo en 1997.

El inesperado vuelco electoral que llevó al PSOE a gobernar la Diputación en 1999 introdujo a este partido en la gestión del aeropuerto, lo que se tradujo en un cambio de actitud del Gobierno regional hacia un proyecto del que se había mantenido al margen hasta entonces. Más tarde, CCM entraría de lleno en la operación adquiriendo el 30% del aeropuerto y financiando a otros accionistas.

La elección de los terrenos sobre los que habría de construirse el aeropuerto no tuvo en cuenta los condicionantes medioambientales. De hecho, las primeras opciones de compra se firmaron en diciembre de 1998, cuatro meses antes del comienzo de los trámites con Medio Ambiente. Uno de los factores decisivos pudo ser la propiedad de gran parte de la superficie escogida, pues algunos propietarios de entonces son hoy accionistas principales del aeródromo.

Sea por lo que fuere, decidieron construirlo en un espacio incluido en la Red Natura 2000: la ZEPA “Área esteparia del Campo de Calatrava”. Conviene aclarar que esta protección era conocida por la Junta, que había confeccionado la propuesta de espacios a incluir en Natura 2000; por los promotores, que fueron informados de esa circunstancia por las ONGs conservacionistas en septiembre de 1998; y por los propietarios de los terrenos protegidos, que habían recibido ayudas agroambientales en 1995 por ese motivo.

En mayo 2001, el Gobierno de España, entonces en manos del PP, emitió una primera DIA que llevaba en su interior una carga de profundidad inadvertida hasta después de lanzar las campanas al vuelo. Esta maniobra hizo cundir la sospecha de que el Gobierno central podría estar aprovechando para retrasar el inicio de las operaciones en Ciudad Real y evitar que entrara en competencia con la T4 madrileña.

Finalmente, el cambio de ubicación del aeropuerto y las presiones locales consiguieron que fuera emitida una segunda DIA en diciembre de 2002. Sin embargo, un mes más tarde, la UE pide explicaciones mediante una carta de emplazamiento. En julio, la Junta aprueba el PSI del aeropuerto.

Las obras comienzan en mayo de 2004 pero, en julio, la UE, que no se da por satisfecha con las explicaciones que recibe de España, envía un Dictamen Motivado, el paso previo a llevar el caso ante los Tribunales.

Tras la victoria del PSOE en las Elecciones Generales, el nuevo Gobierno se encuentra con la patata caliente de un aeropuerto a medio construir cuya ubicación es cuestionada por la UE. El problema consistía en que si el aeropuerto era rechazado definitivamente, el Gobierno de España, como responsable de haber autorizado las obras, hubiera tenido que indemnizar a los promotores y acometer la costosa restauración de los terrenos afectados.

En octubre 2004 se da la orden de paralizar las obras del aeropuerto; sin embargo, inexplicablemente, no se detienen hasta el mes de junio de 2005, fecha en que se inicia el tercer EIA. Como se sabe, la solución adoptada consistió en pactar con la UE las condiciones para su autorización y emitir una tercera DIA en febrero de 2006.

El incumpimiento de las medidas pactadas en la DIA, muchas de las cuales tendrían que haber estado en funcionamiento y demostrado su eficacia antes de poner en marcha el aeropuerto, motivaron la resistencia de los técnicos ministeriales a emitir la autorización definitiva y el fiasco de la inauguración. Es más, todavía quedan asuntos pendientes sobre los que podría pronunciarse un informe europeo a punto de ser publicado.

Por último, la Junta ha consentido en reformar la LOTAU para favorecer la situación financiera de los accionistas del aeropuerto. Al margen de otras consideraciones, la segregación de parcelas y su venta por separado tendrán como consecuencia una mayor concentración de infraestructuras alrededor del aeropuerto.

Durante el proceso de evaluación ambiental, las ONGs calificaron el impacto acumulado de las infraestructuras que entonces se preveían como una de las afecciones más graves del aeropuerto sobre la Red Natura. La reforma legal empeora el pronóstico.