El aeropuerto de Ciudad Real está en venta desde hace tiempo y, mientras aparece un mirlo blanco, los promotores pretenden impulsar una reforma de la ley de urbanismo regional que les favorezca.
Una vez conseguida la autorización para operar, los accionistas del aeropuerto se quejan de las obligaciones que les impone la calificación como Proyecto de Singular Interés, como es la prohibición de dividir la propiedad de los terrenos para impedir su venta por separado.
Sin embargo, hay algunas cuestiones que es necesario poner en evidencia. Una de ellas es que la LOTAU permite alquilar o ceder el uso de los terrenos, por lo que no se puede afirmar que impida la participación de terceros en las actividades del aeropuerto.
Aunque el aspecto más decisivo de su calificación como PSI es que, sin ese requisito, las autoridades ambientales habrían rechazado la ubicación elegida para el aeropuerto por su grave impacto sobre la Red Natura 2000.
Por otro lado, los beneficios fiscales y urbanísticos que ha recibido el proyecto y en quién repercuten las plusvalías no hubieran sido los mismos sin la calificación de PSI.
Finalmente, llama la atención que el legislador no haya sentido la necesidad de modificar este aspecto de la LOTAU durante los diez años que lleva en vigor, período que viene a coincidir con la fase de diseño y construcción del aeropuerto. Quienes conocen el desarrollo del proyecto no dudan de que se trata de otra improvisación, pero también podría haberse pospuesto el debate para después de haber obtenido la licencia de vuelo.
Lo dicho, en estos tiempos, Sancho Panza anima a don Quijote a luchar contra los gigantes para vender el solar de los molinos en caso de victoria.
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