La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha manifestado que el concurso de acreedores contra el aeropuerto de Ciudad Real «no cambia» la voluntad del Gobierno regional de «salvar una infraestructura cargada de futuro». «Nos da igual que la gestione un grupo de empresarios a que ahora esté gestionada por los órganos judiciales».
La propuesta del Gobierno regional es la de crear una empresa pública que gestione todo el sector aeronáutico de la región. Dicha empresa recibiría el aval de 140 MEu que han solicitado los promotores del aeropuerto, «una solución (...) que no conlleva un gasto para las arcas de la administración».
Marcelo Larrañaga, uno de los miembros del Consejo de Administración de CR Aeropuertos, ha manifestado que presentarán un recurso contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real. Los actuales gestores entienden que no se ha valorado correctamente la situación económica de la compañía en el momento en que el concurso de acreedores fue presentado, por lo que entienden que los argumentos esgrimidos por el juez no son válidos.
El Partido Popular de CLM ha propuesto que tres auditores independientes pongan precio a las acciones del aeropuerto y que el Gobierno regional compre después esos activos. En caso de que los accionistas no estuvieran de acuerdo con la oferta, su propuesta es que el aeropuerto sea expropiado.
Por libre, la alcaldesa de Ciudad Real añade a su rechazo la sospecha de que la Junta quiere construir otro aeropuerto en Toledo.
El coordinador general de Izquierda Unida en CLM, Daniel Martínez, pidió que se "deje trabajar" a los administradores concursales para que se conozca la realidad actual de la empresa y se puedan buscar soluciones.
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