jueves, 10 de enero de 2008

Admitida denuncia de EEAA por incumplimiento DIA Aeropuerto

16-12-2007

La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia presentada por Ecologistas en Acción (EA) contra el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha por el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de los promotores del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real. La Fiscalía, según el escrito al que ha tenido acceso Efe, ha considerado que de la denuncia se desprende la 'presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en los artículos 325 y 332 del Código Penal', por lo que ha incoado diligencias de investigación.

La organización conservacionista denunció en noviembre a los Misterios de Fomento y de Medio Ambiente y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el incumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental del aeropuerto de Ciudad Real.

Los ecologistas expusieron que en agosto de 2006 finalizó el plazo de seis meses estipulado en dicha Declaración para poner en marcha las medidas compensatorias que establecía como requisito previo a la reanudación de las obras y, a su juicio, la mayoría de esas medidas no se habían aplicado.

En este sentido, aseguraron que tan sólo se ha creado formalmente el Observatorio de la Biodiversidad, que en la práctica no ha empezado a funcionar. El resto de medidas como la constitución de una Comisión de Seguimiento Ambiental, la elaboración de una Plan de los Recursos Naturales o la ampliación en 2.200 hectáreas de la ZEPA del Campo de Calatrava en la zona en que se está construyendo el aeropuerto, continúan sin aplicarse.

Los ecologistas subrayaron en su denuncia que, entre tanto, el área afectada se encuentra sumida en un 'proceso de oportunismo urbanístico sin precedentes por parte de los ayuntamientos de la zona, a veces con reclasificaciones urbanísticas tan desorbitadas como en Cañada de Calatrava', una población de 100 habitantes en la que se pretenden construir 5.000 viviendas.

Ecologistas en Acción consideró que este hecho era un 'gravísimo caso de ilegalidad', motivo por el cual formuló la denuncia ante la Fiscalía de Ciudad Real contra las administraciones responsables de esta situación.

En aquel momento, los conservacionistas pidieron a la Fiscalía la paralización cautelar de las obras como único medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias aprobadas en febrero de 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente, gracias a las que se pudieron paralizar las obras, hasta entonces bloqueadas por la Comisión Europea. abc/rb/pz


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