El director general de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, detalló ayer en Ciudad Real las medidas correctoras y compensatorias que recoge la Declaración de Impacto Ambiental que publicó el BOE, de obligado cumplimiento para los promotores, en un plazo máximo de seis meses, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha.
«Es un proceso lo más garantista posible, uniendo a todas las partes. Creemos que lo hemos hecho bien y que la UE levantará las quejas que se han elevado contra el aeropuerto».
La Declaración de Impacto Ambiental obliga a los promotores a redimensionar el espacio previsto para las instalaciones, reduciéndolo en un tercio y exigiendo, al mismo tiempo, que se restauren las siete hectáreas de la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) que se podría ver afectada.
Así, tendrá que retirarse una valla perimetral donde no había nada construido y, a su vez, la ZEPA se verá ampliada en 2.200 hectáreas por su importancia ornitológica y para compensar el impacto acústico. Además, se creará otra nueva en Torrijos para protección de las poblaciones de aves esteparias.
Entre las medidas correctoras que se establecen para combinar la seguridad de aviones y aves, se advierte que se deberán utilizar métodos no ahuyentadores, - la cetrería- sistema que se utiliza, por ejemplo en el aeropuerto de Barcelona y que se encuentra situado, según recordó Alejandre, entre dos Zepas.
Asimismo, se tendrá que constituir una Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto y, para garantizar la «coherencia global» de la red natura 2000, la Comunidad de Castilla-La Mancha y los promotores tendrán que aprobar un protocolo e impulsar un Observatorio de la Biodiversidad en la zona, que analice la utilidad de las medidas compensatorias y el estudio de otras nuevas si no resultaran efectivas.
Según explicó el representante del Ministerio de Medio Ambiente, será una entidad científica -de la que formará parte el CSIC, la dirección general de la Biodiversidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, las ONG y los promotores- con la particularidad de que la elección será competencia de la Administración regional y las ONG con experiencia en avifauna.
Al mismo tiempo, también se pide la necesidad de elaborar un convenio entre Universidades para investigar nuevas zonas de apareamiento de las avutardas, para garantizar que no haya pérdidas de la «zona de cortejo» y se insta a la Junta de Castilla-La mancha a aprobar, en seis meses, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el plan de gestión de la Zepa del Campo de Calatrava.
En relación a las medidas compensatorias por las posibles afecciones a la población en el área de influencia del aeropuerto -especialmente a los vecinos de los municipios de Villar del Pozo y Cañada- la Declaración de Impacto Ambiental especifica claramente que los promotores deberán priorizar, en un plazo máximo de seis meses, la contratación de los vecinos del lugar en el futuro aeropuerto, ofrecerles la posibilidad de ser «miembros vitalicios de pleno derecho en la fundación de promoción sociocultural del mismo», así como medidas de realojamiento a las familias que, con carácter voluntario, entiendan que se ven afectadas sus condiciones de vida. Para lo que decidan permanecer en sus pueblos, se abordará un plan de aislamiento acústico en viviendas y zonas comunes.
El director general de Medio Ambiente explicó que se ha realizado un trabajo modélico y muy riguroso. No obstante señaló que la UE ha iniciado el trámite de la demanda presentada en su día ante el Tribunal de Luxemburgo, que sigue su trámite administrativo.
24-2-2006
Fuente: ABC.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario