Tras diez años de lucha, defendiendo el Patrimonio Natural de la comarca de Calatrava, la decisión de paralizar la puesta en marcha del aeropuerto de Ciudad Real, considerando los criterios ambientales que se establecían en la DIA, no es otra cosa que el reconocimiento más explícito a la existencia misma de ese patrimonio y a los argumentos que se han estado esgrimiendo desde las organizaciones ambientales en su defensa.
Han pasado los días en los que eslóganes como Aquí no hay bosques o Aquí no hay especies protegidas, servían de publicidad a los promotores, o las fechas en las que éstos derrumbaban fábricas de cerámica y chimeneas con supuesta impunidad. Hoy ya nadie duda de la existencia de suficientes valores ambientales como para que el futuro de esta espléndida comarca se hubiera dibujado de otro modo.
Veremos si más adelante, con todos los deberes hechos y aprobados, el aeropuerto de Ciudad Real llega a ser una realidad o no. De momento no parece que vaya cosechando simpatías. Así, las informaciones publicadas recientemente por Interviú, destapan el verdadero propósito de los promotores que, lejos de aparecer como benefactores sociales, quedan retratados como protagonistas del típico pelotazo.
Ahora se apela a los trescientos puestos de trabajo para intentar un nuevo chantaje, cuando en realidad son los propios promotores los responsables de haber generado unas expectativas infundadas pero; eso sí, con la intención de esgrimirlas en su momento a su favor.
Creemos que se puede hablar de estafa en múltiples planos: en primer lugar a los incautos que compraron su billete desconociendo el pampaneo; en segundo lugar a los trabajadores a los que se usará como rehenes; en tercer lugar a los miles de aspirantes en los que se alimentó una oportunidad de trabajo que se verá frustrada en el 99% de los casos (puesto que es obvio que no se generaría empleo para tanta demanda); en cuarto lugar a la sociedad en general a la que se ha comprometido de múltiples formas en un proyecto privado de enriquecimiento y en quinto lugar, y mucho más grave, a las administraciones locales, regionales y nacionales a las que se han ido arrancando unos u otros compromisos para facilitar el negocio: de esta manera se ha comprado a los alcaldes (no estaría mal una investigación de la fiscalía anticorrupción), se ha logrado el apoyo incondicional de la Junta de Comunidades (estamos a la espera de que alguien pida las responsabilidades oportunas) y se logró la alianza del gobierno Aznar con una incomprensible declaración de Interés Nacional.
Es a la Junta de Comunidades a quien queremos nosotros pedir explicaciones principalmente: ¿Por qué apoyó este proyecto desde el principio a pesar de que las coordenadas de la polémica estaban explícitas desde un primer momento? Aunque el aeropuerto funcionara finalmente, el coste económico, ambiental, social y de credibilidad se ha disparado extraordinariamente. Ésta no es una cuestión intranscendente y el gobierno regional debería haberla evaluado. Al menos, nosotros hemos insistido continuamente en ella. Ninguna administración autonómica nos escuchó. Aún estamos a la espera de una reunión solicitada al presidente de la Diputación Provincial.
Pero lo auténticamente insólito ha sido el desarrollo de la última etapa, cuando la Junta ha defendido, en el seno de la Comisión de Seguimiento, la suficiencia de las medidas que han intentado cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental. Por si la realidad no es suficientemente transparente, estaban sobre la mesa los informes de los técnicos de los ministerios competentes. Además estaban los argumentos de las ONG ambientales que deben considerarse –al margen de las fobias particulares- entidades suficientemente avaladas en la materia a considerar.
¡Pero no!, por encima de todo la Junta estaba con su gente: con los alcaldes de la zona y con el representante de Asaja (cuya representatividad fue cuestionada, por cierto a la hora de las votaciones).
La situación es realmente cómica, pero lo es más porque el representante de la Junta es, a la sazón, nada menos que el Director General de Evaluación Ambiental; es decir, el responsable de calificar si un proyecto determinado es viable o no ambientalmente y el responsable, en su caso, de determinar las medidas compensatorias que correspondan.
Con su puesta en escena durante las últimas reuniones, Mariano Martínez Cepa ha demostrado de parte de quien está y a qué intereses sirve. No podemos confiar en una persona con tantas dificultades para entender los hechos o tan susceptible a las influencias en el momento de valorarlos. No podemos aceptar las reglas de juego cuando una de las partes hace trampas.
Pedimos a la flamante Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, que reestructure lo antes posible sus nuevas responsabilidades si quiere contar con la colaboración de nuestra organización.
Esperamos de nuestras administraciones (Junta, Diputación y ayuntamientos) que, lo antes posible, sepan reconducir éste y otros asuntos hacia las vías de la racionalidad, la legalidad y el entendimiento.
